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La violencia contra las mujeres es probablemente el atentado a los derechos humanos más habitual y que afecta a un mayor número de personas, además de estar presente en todas las sociedades del mundo, independientemente de su sistema político o económico. Es la manifestación más clara del mantenimiento de una sociedad patriarcal, machista y androcéntrica. Se trata de una violencia estructural que se dirige hacia las mujeres con el objeto de mantener o incrementar su subordinación al género masculino hegemónico. Esta violencia se expresa a través de conductas y actitudes basadas en un sistema de creencias sexista, que tienden a acentuar las diferencias apoyadas en los estereotipos de género, conservando las estructuras de dominio que se derivan de ellos. La violencia de género adopta formas muy variadas, tanto en el ámbito de lo público, como en el ámbito privado. De ahí los ejemplos de las distintas formas de discriminación que se dan contra las mujeres, en el contexto político, institucional o laboral, como el acoso sexual, la violación, el tráfico de mujeres para la prostitución, la utilización del cuerpo femenino como objeto de consumo, así como todas las formas de maltrato físico, psicológico, social, sexual, que sufren las mujeres y que en muchos casos les llega a ocasionar su muerte.
La Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en su Exposición de Motivos, establece que la violencia contra las Mujeres se “manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión.”

Por otro lado, la Ley Andaluza de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género, de 13/2007, de 26 de noviembre, en su artículo 1 establece que “la presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por el solo hecho de serlo. Asimismo será objeto de esta Ley la adopción de medidas para la erradicación de la violencia de género mediante actuaciones de prevención y de protección integral a las mujeres que se encuentren en esa situación, incluidas las acciones de detección, atención y recuperación”.
Ante esta grave vulneración de los derechos humanos y de la dignidad de las mujeres, los poderes públicos tienen la responsabilidad de prevenir y sancionar la violencia, a través de un trabajo coordinado entre las distintas instituciones y la sociedad civil, siendo necesario la condena y firme compromiso de su erradicación y eliminación definitiva de nuestro entorno.
Aunque actualmente existe una mayor conciencia social de esta problemática y aún siendo conscientes de los avances logrados en las últimas décadas en el ámbito legal y en la visibilización de esta realidad, se hace necesario seguir aunando esfuerzos, con una perspectiva de integridad en los distintos ámbitos político, social, económico, laboral y educativo.
El lunes 24 de julio de 2017, se firmó entre los Partidos Políticos el Pacto de Estado contra la violencia de género. Consta de 200 medidas que estarán dotadas con 1.000 millones de euros para los primeros cinco años. El pacto alcanzado contempla medidas para prevenir la violencia machista desde el colegio, ampliar la protección y cambiar los criterios de acreditación
de las víctimas para incluir a aquellas que aún no han interpuesto denuncia y garantizar su Seguridad y la de sus hijos e hijas.
La Diputación de Sevilla, asumiendo su responsabilidad como poder público de ámbito provincial, manifiesta su más firme condena hacia este fenómeno que constituye una auténtica lacra social, poniendo todos los medios e instrumentos a nuestro alcance para conseguir su completa erradicación. Por ello, fruto de la negociación colectiva es el Protocolo de actuación en caso de violencia de género, de la Diputación Provincia de Sevilla. Igualmente, la Corporación, el día 5 de julio de 2012, aprobó el I Plan de Igualdad de Empresa, elaborado por la Comisión de Igualdad, actualmente prorrogado, encontrándose en fase de negociación y elaboración el II Plan de Igualdad de la Diputación de Sevilla.
A través de esta Jornada, organizada por la Comisión de Igualdad, en colaboración con el Área de Empleado/a Público y el Área de Cohesión Social e Igualdad, se pretende profundizar en las bases que aún siguen sustentado la violencia machista, haciendo hincapié en que se trata de un problema de Estado y que afecta a la sociedad en su conjunto. Por ello, consideramos que la sensibilización, la educación y la visibilización de esta problemática son fundamentales para seguir luchando contra la violencia hacia las mujeres. Es necesario poner en marcha medidas preventivas que sean eficaces para la eliminación de este tipo de conductas ya que con ellas se avanzará en el desarrollo y consecución de una sociedad más justa y democrática.

Personal de la Diputación Provincial de Sevilla